Hemos asistido a una nueva semana de escándalos urbanísticos en el Sureste, con detenciones de empresarios y políticos locales, que han aflorado, de forma escandalosa, una realidad subsistente en no pocos de nuestros Ayuntamientos.
Siempre se ha mantenido que la Administración Local es la más cercana al ciudadano, por proximidad y gestión de asuntos locales que afectan a la convivencia diaria de los ciudadanos en su comunidad local.
Así lo entendieron también los constituyentes y reconocieron el principio de autonomía local, que junto con competencias locales forman el núcleo gordiano del funcionamiento de nuestros Ayuntamientos. Teniendo especial relevancia la conjunción de la autonomía local con las competencias de urbanismo, que aún cuando se hayan de someter a las leyes sectoriales, no dejan de introducir un amplio principio de discrecionalidad en la materia.
Tal hecho, ha determinado la aparición en la política local de empresarios vinculados a la construcción inmobiliaria –que debería ser incompatible- y han aflorado los intereses económicos de personas y grupos en la vida municipal española de forma significativa, y allá donde no se daba esa combinación, se daba un acercamiento de intereses respectivos. De tal manera que hemos venido asistiendo, en los últimos años, a una instalación descarada de intereses foráneos a los comunitarios de cada municipio. Siendo especialmente relevante tras el boom inmobiliario de la última década, donde la especulación inmobiliaria ha disparado los precios y ha propiciado “pelotazos” indebidos en un Estado de Derecho. Naturalmente esto no va de balde, ya que conlleva el desprestigio de Instituciones y de la vida política local.
Por tanto, para restañar las heridas, rectificar, y recuperar el crédito público necesario para la buena salud democrática de nuestras Instituciones, va siendo hora que se ponga fin a tanto desmadre, a los pelotazos, a la colisión de intereses en los Ayuntamientos. Así que habría que empezar por implantar un severo régimen de incompatibilidades a los políticos locales y funcionarios locales con capacidad de decisión en sus respectivas Corporaciones.
Se tendría que revisar la legislación urbanística para evitar la especulación del suelo, y obligar a los Ayuntamientos a promover periódicamente viviendas sociales.
Igualmente habría de revisarse la autonomía local, y la figura casi presidencialista del Alcalde, someterle a más medios de control político y administrativo, crear cuerpos de inspección y auditoría nacionales que auditen los Ayuntamientos. Y llegado el caso, si todo ello no resulta suficiente, habría que recurrir a sistemas de gobierno de “corregidores” al modo holandés, que garanticen la legalidad y seriedad de los Ayuntamientos, al tener al frente un representante de la Corporación Municipal elegida, junto con un alto funcionario del Estado delegado en dicho Ayuntamiento, contrapesando y controlándose mutuamente en las acciones de gobierno y administración local. Cualquier fórmula sería buena, por descabellada que pudiera parecer, si resuelve el problema de corrupción local en España, cuya realidad se va haciendo insostenible en muchos casos.
Además que es bastante poco edificante, que mientras unos se enriquecen con el “ladrillo”, la mayoría de los ciudadanos, por el excesivo coste de los precios de las viviendas, han de someterse a empréstitos vitalicios, lo cual además de injusto, políticamente y socialmente es de todo punto impresentable, pues quien está haciendo el negocio son las empresas constructoras – promotoras, la banca, y algunos políticos sin escrúpulos estratégicamente ubicados.
Siempre se ha mantenido que la Administración Local es la más cercana al ciudadano, por proximidad y gestión de asuntos locales que afectan a la convivencia diaria de los ciudadanos en su comunidad local.
Así lo entendieron también los constituyentes y reconocieron el principio de autonomía local, que junto con competencias locales forman el núcleo gordiano del funcionamiento de nuestros Ayuntamientos. Teniendo especial relevancia la conjunción de la autonomía local con las competencias de urbanismo, que aún cuando se hayan de someter a las leyes sectoriales, no dejan de introducir un amplio principio de discrecionalidad en la materia.
Tal hecho, ha determinado la aparición en la política local de empresarios vinculados a la construcción inmobiliaria –que debería ser incompatible- y han aflorado los intereses económicos de personas y grupos en la vida municipal española de forma significativa, y allá donde no se daba esa combinación, se daba un acercamiento de intereses respectivos. De tal manera que hemos venido asistiendo, en los últimos años, a una instalación descarada de intereses foráneos a los comunitarios de cada municipio. Siendo especialmente relevante tras el boom inmobiliario de la última década, donde la especulación inmobiliaria ha disparado los precios y ha propiciado “pelotazos” indebidos en un Estado de Derecho. Naturalmente esto no va de balde, ya que conlleva el desprestigio de Instituciones y de la vida política local.
Por tanto, para restañar las heridas, rectificar, y recuperar el crédito público necesario para la buena salud democrática de nuestras Instituciones, va siendo hora que se ponga fin a tanto desmadre, a los pelotazos, a la colisión de intereses en los Ayuntamientos. Así que habría que empezar por implantar un severo régimen de incompatibilidades a los políticos locales y funcionarios locales con capacidad de decisión en sus respectivas Corporaciones.
Se tendría que revisar la legislación urbanística para evitar la especulación del suelo, y obligar a los Ayuntamientos a promover periódicamente viviendas sociales.
Igualmente habría de revisarse la autonomía local, y la figura casi presidencialista del Alcalde, someterle a más medios de control político y administrativo, crear cuerpos de inspección y auditoría nacionales que auditen los Ayuntamientos. Y llegado el caso, si todo ello no resulta suficiente, habría que recurrir a sistemas de gobierno de “corregidores” al modo holandés, que garanticen la legalidad y seriedad de los Ayuntamientos, al tener al frente un representante de la Corporación Municipal elegida, junto con un alto funcionario del Estado delegado en dicho Ayuntamiento, contrapesando y controlándose mutuamente en las acciones de gobierno y administración local. Cualquier fórmula sería buena, por descabellada que pudiera parecer, si resuelve el problema de corrupción local en España, cuya realidad se va haciendo insostenible en muchos casos.
Además que es bastante poco edificante, que mientras unos se enriquecen con el “ladrillo”, la mayoría de los ciudadanos, por el excesivo coste de los precios de las viviendas, han de someterse a empréstitos vitalicios, lo cual además de injusto, políticamente y socialmente es de todo punto impresentable, pues quien está haciendo el negocio son las empresas constructoras – promotoras, la banca, y algunos políticos sin escrúpulos estratégicamente ubicados.
