Con cierta frecuencia toma actualidad alguna noticia de la justicia en nuestro País, no en vano son miles las decisiones que diariamente toma en todo el Estado.
En el momento presente, de nuevo ha cobrado actualidad la justicia en nuestra sociedad, ya que dos hechos están siendo objeto de información y son seguidos con cierto grado de estupor y preocupación.
Por un lado, nos encontramos con la reciente confrontación entre las cúpulas judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Fiscal General por medio, sobre la polémica sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de “los Albertos”, que resulta curiosa por el desigual trato dado en este asunto por el constitucional, incluso sobre su propia doctrina, así como una denunciada extralimitación de competencias, realizada por el Tribunal Supremo, y el subsiguiente malestar derivado de lo que públicamente se ha percibido como injusto –más allá de la compleja técnica jurídica- hasta por el mismo Fiscal General del Estado.
Por otro lado, seguimos asistiendo a la huelga de los funcionarios de la Administración de justicia, que va inicia su quinta semana, sin solución aparente. Hecho que, de nuevo, pone de relieve el malestar de los funcionarios por la desigualdad salarial con sus homónimos transferidos, en una compleja Administración que no acaba de alcanzar la modernidad varias veces prometida, y que supondrá un incremento de las ya tradicionales demoras de los lentos trámites judiciales. Apartando de nuevo a este servicio público de la demanda social de una justicia eficaz, lo que supone necesariamente diligencia, rapidez y ejemplaridad, junto con un sustrato de decisiones justas., puesto que de lo contrario se resiente el “Estado de Derecho”.
Todo esto, junto con otros sucesos antecedentes, debería hacernos plantear el actual modelo decimonónico de Administración de justicia, de una parte, y la configuración constitucional del poder del Estado, que requiere independencia para su óptimo funcionamiento, hecho que se inició con la generación del Consejo General del Poder Judicial –gobierno de los jueces, independiente del Ministerio de Justicia-, pero que cuando llegó el PSOE al poder en la década de los años 80, varió su constitución y funcionamiento interno, so pretexto de la democratización tratando de evitar un “excesivo corporativismo” judicial, de manera que el Consejo General pasó a constituirse mediante designación del Congreso de los Diputados, lo que ha supuesto que se politizara, al ser unos jueces designados por unos grupos parlamentarios y otros por los restantes. Hecho que determinó la indirecta dependencia de éste Órgano al intervenir los grupos políticos, no en vano Alfonso Guerra dijo por aquel entonces que Montesquieu había muerto.
Con tal determinación organizativa, nos encontramos que tanto gran parte de la promoción, y cuestiones disciplinarias están en manos de este Órgano, que por su composición multicolor supone que el Gobierno del Poder Judicial esté, de alguna manera, comprometido con el Poder Legislativo, e incluso con el Ejecutivo, de donde la independencia de los poderes del Estado, garantía de las libertades públicas democráticas, en cierto modo han sido matizadas al punto de cierta supeditación. Hasta tal punto, que en la legislatura que concluye el PSOE y el PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo en la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial que deberían de haberse renovado por expiración de su mandato, con el consiguiente bloqueo en la cúpula de gobierno judicial.
Ante esta situación, unida al mosaico administrativo territorial del Estado de las Autonomías, que provoca desigualdades de trato entre funcionarios, como es el caso que padecen los funcionarios judiciales en huelga, creo que se debería llegar a un Pacto de Estado en torno a la situación de la Justicia, de forma que se dispusiera una conveniente organización de gobierno de los jueces que restituyera a éstos la necesaria independencia, como Poder del Estado, evitando al máximo las dependencias y fragmentación grupal de la judicatura, y modernizando la oficina judicial, con simplificación de trámites judiciales, al tiempo que se alcanzara otro pacto de función pública que hiciera posible el respeto a los derechos adquiridos, del escalafón, categorías, y funciones que junto con una selección profesional de los servidores públicos hiciera más eficaces a las distintas Administraciones Públicas, profesionales, objetivas y no se dieran las clamorosas situaciones de discriminación entre cuerpos funcionariales.
Nuestro País requiere una justicia moderna, rápida, equitativa e independiente de influencias, y con un organigrama claro, ya que siempre se ha mantenido los diferentes ámbitos de la justicia ordinaria respecto de la constitucional, y en el momento presente, parece que tales ámbitos atraviesan por controversia y confusión que conviene despejar cuanto antes por el bien del País y el buen funcionamiento de sus Instituciones Públicas.
En el momento presente, de nuevo ha cobrado actualidad la justicia en nuestra sociedad, ya que dos hechos están siendo objeto de información y son seguidos con cierto grado de estupor y preocupación.
Por un lado, nos encontramos con la reciente confrontación entre las cúpulas judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Fiscal General por medio, sobre la polémica sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de “los Albertos”, que resulta curiosa por el desigual trato dado en este asunto por el constitucional, incluso sobre su propia doctrina, así como una denunciada extralimitación de competencias, realizada por el Tribunal Supremo, y el subsiguiente malestar derivado de lo que públicamente se ha percibido como injusto –más allá de la compleja técnica jurídica- hasta por el mismo Fiscal General del Estado.
Por otro lado, seguimos asistiendo a la huelga de los funcionarios de la Administración de justicia, que va inicia su quinta semana, sin solución aparente. Hecho que, de nuevo, pone de relieve el malestar de los funcionarios por la desigualdad salarial con sus homónimos transferidos, en una compleja Administración que no acaba de alcanzar la modernidad varias veces prometida, y que supondrá un incremento de las ya tradicionales demoras de los lentos trámites judiciales. Apartando de nuevo a este servicio público de la demanda social de una justicia eficaz, lo que supone necesariamente diligencia, rapidez y ejemplaridad, junto con un sustrato de decisiones justas., puesto que de lo contrario se resiente el “Estado de Derecho”.
Todo esto, junto con otros sucesos antecedentes, debería hacernos plantear el actual modelo decimonónico de Administración de justicia, de una parte, y la configuración constitucional del poder del Estado, que requiere independencia para su óptimo funcionamiento, hecho que se inició con la generación del Consejo General del Poder Judicial –gobierno de los jueces, independiente del Ministerio de Justicia-, pero que cuando llegó el PSOE al poder en la década de los años 80, varió su constitución y funcionamiento interno, so pretexto de la democratización tratando de evitar un “excesivo corporativismo” judicial, de manera que el Consejo General pasó a constituirse mediante designación del Congreso de los Diputados, lo que ha supuesto que se politizara, al ser unos jueces designados por unos grupos parlamentarios y otros por los restantes. Hecho que determinó la indirecta dependencia de éste Órgano al intervenir los grupos políticos, no en vano Alfonso Guerra dijo por aquel entonces que Montesquieu había muerto.
Con tal determinación organizativa, nos encontramos que tanto gran parte de la promoción, y cuestiones disciplinarias están en manos de este Órgano, que por su composición multicolor supone que el Gobierno del Poder Judicial esté, de alguna manera, comprometido con el Poder Legislativo, e incluso con el Ejecutivo, de donde la independencia de los poderes del Estado, garantía de las libertades públicas democráticas, en cierto modo han sido matizadas al punto de cierta supeditación. Hasta tal punto, que en la legislatura que concluye el PSOE y el PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo en la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial que deberían de haberse renovado por expiración de su mandato, con el consiguiente bloqueo en la cúpula de gobierno judicial.
Ante esta situación, unida al mosaico administrativo territorial del Estado de las Autonomías, que provoca desigualdades de trato entre funcionarios, como es el caso que padecen los funcionarios judiciales en huelga, creo que se debería llegar a un Pacto de Estado en torno a la situación de la Justicia, de forma que se dispusiera una conveniente organización de gobierno de los jueces que restituyera a éstos la necesaria independencia, como Poder del Estado, evitando al máximo las dependencias y fragmentación grupal de la judicatura, y modernizando la oficina judicial, con simplificación de trámites judiciales, al tiempo que se alcanzara otro pacto de función pública que hiciera posible el respeto a los derechos adquiridos, del escalafón, categorías, y funciones que junto con una selección profesional de los servidores públicos hiciera más eficaces a las distintas Administraciones Públicas, profesionales, objetivas y no se dieran las clamorosas situaciones de discriminación entre cuerpos funcionariales.
Nuestro País requiere una justicia moderna, rápida, equitativa e independiente de influencias, y con un organigrama claro, ya que siempre se ha mantenido los diferentes ámbitos de la justicia ordinaria respecto de la constitucional, y en el momento presente, parece que tales ámbitos atraviesan por controversia y confusión que conviene despejar cuanto antes por el bien del País y el buen funcionamiento de sus Instituciones Públicas.
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